Alfredo Aramburo. Foto: Captura de video.

Alfredo Aramburo recibió un estadio remodelado con dinero público y obtuvo la concesión para explotarlo económicamente. El hombre forma parte de una red de empresas denunciadas por defraudación fiscal y lavado.

El gobierno de AMLO invirtió 65 millones de pesos en remodelar el viejo Carranza Limón, a los que el gobierno de Sinaloa sumó 6 millones y medio y el empresario Alfredo Harp Helú otros 65 millones.

En total, 136 millones de pesos para ampliar el aforo del estadio a 8 mil butacas, comprar una pantalla gigante y construir palcos nuevos y un estacionamiento.

Además, el equipo ya tiene nuevo dueño, que era el último obstáculo para que la franquicia algodonera regresara a la Liga Mexicana del Pacífico tras cinco años de ausencia.

Se trata del mazatleco Alfredo Aramburo Nájar, un empresario joven, reconocido en 2015 como el contador público del año en el sur de Sinaloa, y con experiencia en el mundo del béisbol tras su paso por Los Generales de Durango.

Aramburo, de hecho, no es un desconocido para el gobierno: es asesor externo de un comité de la Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México (ProBeis), que tiene como objetivo impulsar el plan del presidente de crear escuelas de talentos por todo el país.

Y un mes antes de la reinauguración del Carranza, el 19 de septiembre, la Secretaría de Educación (SEP) benefició a una de sus empresas con otros 25 millones de pesos para que, en tres meses, buscara jóvenes promesas del béisbol.

El 23 de junio pasado, el gobierno federal denunció un “gran fraude” al fisco por 55 mil millones de pesos, operado por 43 empresas factureras.

Una de las empresas mencionadas es Costa Bella and Sands, en cuya documentación aparecen como dueños familiares de Alfredo Aramburo, otras empresas de su familia, y múltiples personas que trabajan para sus compañías.

La Procuraduría Fiscal denunció penalmente a esta empresa porque se trata de una facturera. Es decir, una compañía que no tiene instalaciones reales ni personal trabajando, ni activos, y que emite facturas falsas para hacer pasar por reales servicios que no existen, que simula ante Hacienda, reportó Animal Político.

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