José Luis Abarca y su esposa. Foto: El Confidencial.

El matrimonio asegura que no se les permitió demostrar el origen de 10 millones de pesos; según investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República, hay testimonios que aseguraban que Roselia era maestra y Cirilo un comerciante, quienes amasaron fortuna en poco tiempo.

Es así que un juez federal libró de nuevo una orden de aprehensión contra Roselia Abarca Velázquez y su esposo Cirilo Lara Brito, hermana y cuñado del ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser supuestos prestanombres para lavar dinero.

El ex presidente municipal y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron detenidos en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, el 4 de noviembre de 2014, tras la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

De acuerdo con los registros judiciales, la orden de captura contra Roselia y Cirilo fue emitida hace cuatro meses por el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

Sin embargo, el matrimonio reclamó que el juez no aceptó las pruebas supervinientes que ofrecieron.

Señalaron que estas pruebas constan en la sentencia que emitió un Tribunal Colegiado que ordenó al juez reponer su proceso y determinar si había o no elementos para ordenar nuevamente su aprehensión.

Como no se las aceptaron promovieron un amparo que fue admitido a trámite por la jueza Rosa Montaño Martínez, pero sólo les otorgó el carácter de prueba documental.

Los demandantes mencionaron que con las pruebas supervinientes buscan demostrar que las acusaciones “fueron elaboradas y obtenidas para inculpar a terceros, pero no reflejan la verdad de los hechos”.

Pero como las pruebas fueron exhibidas después de librarse la orden de aprehensión y de presentado el amparo, la juzgadora indicó que no pueden tener el carácter de supervinientes.

Roselia Abarca y Cirilo Lara impugnaron la decisión, pero un Tribunal Colegiado declaró infundado su recurso de queja.

El matrimonio pretendía demostrar la procedencia de 10 millones de pesos que supuestamente les fueron donados por uno de sus suegros, por lo que exhibieron copias de escrituras públicas.

“Es falso que hayamos recibido dinero de procedencia ilícita de alguna persona, porque nuestro capital es el fruto de trabajo honrado que hemos realizado durante más de 40 años, que se incrementó con las donaciones que recibió…por parte de su señor padre, el 16 de julio de 1999 y el 30 de mayo de 2004, cada una en cantidad de cinco millones de pesos como se acredita con las copias simples que se anexan de la escritura pública número (…) de fecha 16 de julio de 1999, pasada ante la fe del Notario Público Dos, de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero y la escritura pública (…), de fecha 30 de mayo de 2004, pasada ante la fe del Notario Público número Uno, con sede en Iguala, Guerrero”, se expresa en el expediente.

De acuerdo las investigaciones que realizó en su momento la entonces Procuraduría General de la República (PGR), existían testimonios que aseguraban que Roselia era maestra y Cirilo un comerciante, quienes amasaron una fortuna en poco tiempo.

Mientras que, en la indagatoria iniciada en el sexenio pasado se enumeraron 31 inmuebles valuados en más de 8.330.000 pesos, todos de su propiedad, entre los que hay joyerías, pero que según la dependencia no había registros de compraventa ante las autoridades hacendarias, reportó Milenio.